Excluir, incluir, excluir

 

Por: Tatiana Acevedo, para El Espectador


Proyectos estatales promueven al mismo tiempo iniciativas opuestas, como en el juego de fuerza en que dos grupos halan una cabuya desde sus puntas. Al mismo tiempo que se firmaron legislaciones para instaurar la representación proporcional, se atizaron confrontaciones armadas y fraudes durante las elecciones. Mientras se institucionalizaban partidos políticos se financiaban cuadrillas armadas chulavitas. Se desmilitarizó el Caguán durante la negociación del Plan Colombia. La creación en 1997 del primer sistema nacional de atención a la población desplazada fue sucedida por la mayor oleada de desplazamiento violento en la historia, en la que colaboraron en no pocos casos las fuerzas del Estado.

Este doble movimiento ha sido quizás más agresivo y peligroso para la población negra. Iniciativas de inclusión y exclusión han ido de la mano o sucedidas, una inmediatamente después de la otra. Tras las luchas de independencia, impulsadas desde la costa Caribe por líderes negros, se negaron las ilusiones de libertad para todos. Con la traducción de los derechos humanos bajo el brazo, Simón Bolívar (libertador) advirtió que incluir a los “pardos”, negros y mestizos, en las decisiones y vida pública, conduciría al país “a la ruina”. Y más adelante las incoherencias continuaron. Las iniciativas de reforma agraria impulsadas por Lleras Restrepo y la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos, en la que participaron comunidades afrocaribes, las aplacó con violencia la reacción de élites costeñas, aliadas con ejércitos paramilitares y sectores militares.

Durante la década de los 90, distintas iniciativas legales dieron visos de gran inclusión. La Constitución bautizó una nación pluriétnica, y la Ley 70 de 1993 instauró nuevos derechos para las comunidades negras. En su correlato material la ley abrió el camino para la titulación colectiva de tierras ancestrales. Estas, que abarcan alrededor de cinco millones de hectáreas, se encuentran principalmente en la región pacífica. Pocos años después, cuando la promesa de la titulación cristalizaba, estos mismos grupos fueron expulsados a través de una escalada de violencia. Unos funcionarios titulaban. Otros expulsaban. En la llamada Operación Génesis de febrero de 1997, la Brigada 17 del Ejército trabajó con las autodefensas de Córdoba y Urabá. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano “internacionalmente responsable” de haber incumplido con su obligación de garantizar los derechos a la integridad personal y a no ser desplazado forzadamente, en perjuicio de los miembros de las comunidades afrodescendientes de la región de la cuenca del río Cacarica, Riosucio, Bajo Atrato chocoano.

De acuerdo con Memoria Histórica, alrededor del 15 % de la población total afrocolombiana ha sido desplazada de sus tierras. La exclusión hacia estas comunidades continuó una vez llegados a la ciudad. En Cali, según ha estudiado el profesor Urrea Giraldo, la población negra tiene menores índices de esperanza de vida y mayores tasas de suicidio. En Barranquilla, la localidad suroccidente, que concentra la población desplazada (y a la vez la población afro de la ciudad), tiene las mayores tasas de pobreza de la ciudad. Concentra también los cortes de agua, de luz y las emergencias por arroyos.

En momentos de restitución e ilusión por la desmovilización; de comisiones de verdad y entusiasmo de los movimientos sociales, se activa una vez más, pasito a pasito, la contraparte de exclusión. En enero, cuatro líderes comunitarios negros fueron asesinados en la región del Pacífico colombiano.

Planeta Afro

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