Page 29 - Territorio y acceso a la justicia

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Resulta ingenuo pensar que el Estado colombiano tiene
la capacidad de realizar de manera inmediata un despliegue
institucional de la magnitud requerida para garantizar efec-
tivamente la paz. Revertir el abandono histórico del Estado
será un proceso gradual, seguramente más lento de lo que
resultaría deseable y no exento de conflictos y contradiccio-
nes. Pero necesariamente debe ponerse en marcha, porque
es la principal garantía de que habrá paz en los territorios
del conflicto y de que este no se reproducirá bajo formas y
con actores distintos.
Para poder empezar a dar pasos en esta dirección es pre-
ciso saber, por una parte, qué institucionalidad existe en los
territorios del conflicto, qué grado de conocimiento tienen
las comunidades rurales de dichas instituciones, cuánto las
utilizan, cómo las valoran y cuáles son las instituciones que
de manera más acuciante echan en falta. Por otra parte, es
necesario conocer qué mecanismos comunitarios existen
para la resolución de conflictos, si son eficaces, y qué grado
de aceptación y legitimidad tienen en las comunidades. Solo
partiendo de un conocimiento exhaustivo de lo que existe
en los territorios del conflicto armado, de lo que falta y de
la valoración que las comunidades hacen de lo que existe y
de lo que falta, el Estado podrá tomar decisiones puntuales
sobre sectores prioritarios en los que hacer despliegues
institucionales, cómo hacerlos, qué prácticas y mecanismos
existentes se deben reforzar y cuáles se deben articular con
los mecanismos formales.
La dejación de las armas por parte de las farc-ep elimina
un problema en el territorio, como es el de la impartición
de justicia de forma ilegal, discrecional y violenta por parte
de este actor armado en los territorios bajo su control; pero
plantea otros problemas que se han puesto de manifiesto
durante el trabajo de campo y que pueden resumirse en
la idea de que la provisión de seguridad y la resolución
de conflictos por parte de la guerrilla supone un tipo de