Fuente: El Espectador
El alto tribunal ratificó la necesidad de proteger los derechos de los pescadores afectados por las prácticas de sobrepesca industrial que, además, tienen graves impactos en el medio ambiente. Ordenó la creación de una mesa de trabajo.
El Consejo de Estado ordenó al Gobierno crear una mesa de trabajo en la que tengan silla los pescadores artesanales de las zonas costeras del Chocó, con el fin de crear un plan que permita controlar la pesca industrial en la zona ya que esta actividad pone en riesgo el medio ambiente y los ecosistemas marinos. La decisión se tomó la estudiar en segunda instancia una acción popular presentada en 2012 por la Federación de Trabajadores de la Pesca Artesanal de la Costa Pacífica Chocoana (Fedepesca) y el Consejo Comunitario de Los Delfines, que representan a comunidades en Bahía solano y Juradó (Chocó).
“Es evidente que las afectaciones que está generando la actividad de pesca industrial sobre los ambientes costeros y oceánicos del Chocó, no solamente tiene repercusiones directas en la alimentación, subsistencia, bienestar y calidad de vida de las comunidades vulnerables que se dedican a las economías tradicionales de subsistencia, como la pesca artesanal”, señaló el Consejo de Estado al ratificar la protección que en primera instancia había otorgado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019.
Según el alto tribunal, la pesca industrial en la zona afecta “la identidad étnica de las comunidades ribereñas, comoquiera que la actividad de pesca artesanal constituye una cultura, una tradición, un conjunto de conocimientos, un modo y un proyecto de vida”. En este caso, las comunidades aseguraron a la justicia que estaban enfrentando afectaciones ambientales, sociales, económicas y culturales que se presentan en la costa pacífica chocoana por la pesca industrial. Y por eso entablaron la acción popular.
Este no es problema nuevo. Desde la llegada de barcos pesqueros a las costas del pacifico Chocano, especialmente a Juradó y Bahía Solano, los jueces comenzaron a recibir estudios de expertos en conservación de océanos, entre estas la Fundación Marviva, y de integrantes de comunidades negras, quienes aseguraron que tras la llegada de la pesca de arrastre se han alterado el equilibrio ecológico y el patrimonio cultural.
En la demanda, las comunidades aseguraron que las “actividades a escala industrial ha provocado contaminación por el vertimiento de combustible; afectación de ecosistemas marinos; altos índices de muerte de especies estratégicas como los como tiburones, tortugas, delfines y picudos; peligro de extinción del recurso pesquero por sobreexplotación de flotas industriales de atún y camarones, entre otros fenómenos nocivos”.
Esa acción judicial se dirigió en contra de los Ministerio de Ambiente, de Agricultura y de Defensa, así como Parques Nacionales, el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder); Instituto Colombiano Agropecuario (I.C.A.); Autoridad Nacional De Acuicultura Y Pesca (Aunap); Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó); y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrario.
Ahora estas entidades harán parte de la mesa de trabajo que deberá recolectar información para cumplir este fallo y reunirse cada tres meses para verificar los avances, con ayuda de un comité en el que también participarán la Procuraduría y la Defensoría. Igualmente, las entidades demandadas deberán elaborar, junto con la sociedad civil, un estudio técnico en el cual se evalúe la ampliación de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal del Norte del Pacífico (ZEPA) ya que es la única que tienen los pescadores del Chocó para sus labores, dejando a las comunidades maniatadas ante las capturas incidentales de especies y la sobreexplotación de los recursos pesqueros producto de la pesca a gran escala.
El Consejo de Estado señaló que la nueva delimitación no deberá ser menor a la que está vigente actualmente. Asimismo, dentro de un mes la Armada deberá “reforzar, actualizar e implementar de modo planificado y sistemático los procedimientos de vigilancia y control que tienen implementados para la protección del ecosistema marino y de la actividad de pesca industrial”.
En el proceso, el Ministerio de Ambiente sostuvo que “no ha vulnerado ni amenazado los derechos colectivos invocados” y por eso solicitó al Consejo de Estado que desestimara las pretensiones de la acción popular. Para el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), su vinculación al proceso era injustificada pero, de fondo, realmente no presentó algún reparo a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que tomó la decisión de primera instancia.