Fuente: El Tiempo
Al escuchar el impacto del explosivo, se volteó y solo pudo ver una mancha negra que ensombrecía el sitio. Yorleni Mera Mosquera, sobreviviente de la masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, recuerda que en el momento en que oyó la explosión del cilindro, se sintió desubicada.
“No sabía dónde estaba, quedé confundida, el miedo se apoderó de mí”, contó.
Las imágenes de los cuerpos que sacaban de la iglesia sin extremidades aún le causan horror.
Yorleni perdió a su madre, a sus hermanos, tíos y otros familiares, quienes estaban dentro del sitio. “Yo presentía que algo iba a suceder, un presagio me oprimía el pecho”, afirmó.
Ella, sus hijos y su esposo no murieron porque salieron de la iglesia diez minutos antes de la explosión.
Una vez ocurrido el suceso, intentaron huir montados en una de esas embarcaciones pequeñas que en la región conocen como panga, que los llevaría a Vigía del Fuerte, un municipio Antioquia.
Sin embargo, hombres armados les dispararon mientras intentaban navegar. “Somos población civil, no nos ataquen”, les decían, según cuenta Mera.
Tras entender que así era, los dejaron marchar. “Con las manos tuvimos que hacer que la balsa se moviera”, relató.
Después de refugiarse en ese municipio, tuvo que irse a vivir a Quibdó. Allí duró un par de meses y luego regresó a Bellavista. “Con el sufrimiento, la tristeza y el trauma regresamos a la casa”, dijo.
En octubre de 2007, Nuevo Bellavista fue inaugurado a un kilómetro de su sitio anterior. El Gobierno de entonces, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, construyó un complejo de casas de material para los habitantes afectados por la masacre.
Desde entonces, la familia de Yorleni vive allí.
Funeral colectivo de las víctimas de la masacre de Bojayá Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO
Durante 17 años después de la masacre que dejó 100 lesionados, miles de familias desplazadas y cerca de 83 víctimas mortales, la población de Bojayá reclamó la entrega e identificación de los cuerpos .
Hasta noviembre de 2019 se propició el traslado y la entrega de 79 de estos cuerpos.
Para Yorleni Mera, este acto significó el regreso de una esperanza que ella creyó perdida. Cuenta que al recibir identificados los cuerpos de sus hermanos y demás familiares ha podido descansar.
Según ella, los habitantes de Bojayá vivían sumidos en una desesperación por no poder velar a sus muertos como lo merecían.
También confesó que el encuentro con los cuerpos de sus familiares le causó dolor. “Reviví los hechos, recordé que había perdido a quiénes más quería”, señaló.
Ante la muerte de un ser querido, esta mujer de 35 años considera que aún el pueblo de Bojayá necesita acompañamiento psicológico, e hizo hincapié en que el Estado no ha propiciado entornos para acudir ante un profesional en busca de mejorar la salud mental.
‘Necesitamos un hospital de primer nivel’
Según Yorleni, después de 19 años, aún siguen muriendo personas a causa de esta masacre. Como consecuencia de la exposición al cilindro bomba algunas personas desarrollaron enfermedades como el cáncer, asegura ella.
Frente esto, pide al Gobierno Nacional que garantice a la población de Nuevo Bellavista un hospital que cumpla con los requerimientos necesarios para atender a quiénes aún sufren las consecuencias de esta tragedia.
El subdirector para la Superación de la Pobreza de Prosperidad Social, Juan Camilo Giraldo, y el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ahora ministro de defensa, Diego Molano, aseguraron que construirían una cancha sintética y un centro hospitalario durante su visita a Bojayá en diciembre de 2020.
Sin embargo, la población aún espera la construcción del hospital. Según estos funcionarios el proyecto tiene una cuantía superior a los 10.700 millones de pesos.
Asimismo, Mera resaltó que es necesario que el Estado cumpla con la reparación a las víctimas, y garantice a los niños, hoy adultos, que vivieron esta masacre, el ingreso a universidad o establecimiento de educación superior.
“En mi caso no he recibido ningún dinero por lo sucedido, y aunque sé que la ‘plata’ no me devuelve a mi familia, necesito recursos para enviar a mis hijos a estudiar lo que ellos quieren”, argumentó.
Después de casi dos décadas de esta masacre, la población aún teme por su seguridad, dice Yorleni, y menciona que el presidente Iván Duque se comprometió a enviar una unidad militar para evitar problemas de orden público en el municipio.
Sin embargo, según ella, esto no se ha cumplido. Así que hace un llamado para que no olviden a la población de Bojayá, y no ignoren sus necesidades que requieren la intervención estatal. “Necesitamos que se nos repare como víctimas”, sentenció.