En la actualidad aún persisten prácticas discriminatorias hacia estas mujeres, miradas que las estigmatizan. El estereotipo más común es el de la mujer hipersexualizada como objeto, a la que se ve como un objeto de deseo sin voluntad propia que la denigra y la hace mucho más vulnerable.
Solo en América Latina y El Caribe hay alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes: un 30% de la población. Y aún se enfrentan a formas múltiples de discriminación y racismo, sobre todo las mujeres.
La situación de las mujeres afrodescendientes en el acceso al empleo
La problemática del trabajo femenino, identificado con el empleo, fue la puerta de entrada de los estudios sobre la mujer en el ámbito académico de los distintos países de la región. Al final de la década de 1960 e inicio de la siguiente, las investigaciones que se volvieron clásicas en la literatura sobre el trabajo remunerado de las mujeres se convirtieron en lectura obligatoria en las universidades (Bruschini, 2006). En el caso particular del Brasil, los estudios sobre desigualdades de género y raza en las relaciones laborales se encuentran también entre aquellos que marcan la literatura sobre mujeres negras, como se observa en Carneiro y Santos (1985), Barrios (1991) y Bento (1991, 1999).
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – División de Población de la CEPAL, procesamientos especiales de las bases de microdatos censales. Nota: No incluye la población indígena ni los casos ignorados de condición étnico-racial. a En Panamá se excluyeron los casos no declarados de edad.
En América Latina, los mercados laborales están caracterizados por “grandes brechas étnico/raciales y de género en términos del acceso y la calidad del empleo, los derechos y la protección social, entre otros factores que representan un obstáculo clave para la superación de la pobreza y la desigualdad en la región” (CEPAL, 2016d). Siendo el mercado laboral la llave maestra para la igualdad y además siendo allí donde se hace efectiva la redistribución de ingresos (CEPAL, 2014), el cuadro evidenciado por el gráfico 3 revela la situación de desventaja en que se encuentran las poblaciones afrodescendientes, que registran las mayores tasas de desempleo de la región, en especial las mujeres afrodescendientes.
En cinco de los países que cuentan con datos (Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá y Uruguay), las mujeres afrodescendientes representan el grupo poblacional más afectado por el desempleo en el mercado laboral y en tres de estos (Argentina, Brasil y Uruguay), su tasa de desempleo es el doble o incluso más que la de los hombres no afrodescendientes. En estos mismo.
países, las brechas con relación a los hombres afrodescendientes son también las más pronunciadas. Asimismo, en el Ecuador, el Brasil y el Uruguay, la brecha entre mujeres de ambos grupos varía entre 4,5 y 4,1 puntos porcentuales, en desmedro de las afrodescendientes.
En el Estado Plurinacional de Bolivia, Costa Rica y Honduras, mujeres y hombres afrodescendientes presentan la misma tasa de desempleo, que son, en los dos últimos casos, superiores a las tasas de desempleo de mujeres y hombres no afrodescendientes.
Varios análisis sobre el mercado laboral en la región ya han demostrado que las mujeres presentan menores tasas de ocupación en el mercado de trabajo, lo que se profundiza a partir de la intersección con los marcadores etario y de condición étnico-racial.
El gráfico 4, donde se presentan los datos de ocupación de la población joven de 15 a 29 años, evidencia que las tasas de ocupación de las mujeres jóvenes en el mercado laboral equivalen a la mitad de la tasa de ocupación de los hombres en el mismo rango de edad, sin distinción por grupo étnico- racial, en el promedio simple para los 10 países de la región.
Mujeres afrodescendientes y el derecho al territorio
Como fruto del proceso colonial-esclavista, en diversas regiones de América Latina y el Caribe se conformaron territorios conocidos como quilombos (Brasil), palenques (Colombia) o cumbes (República Bolivariana de Venezuela), lugares de difícil acceso por su topografía o ubicados, en general, en medio de bosques y selvas o áreas con baja densidad poblacional, donde se organizaban y vivían personas esclavizadas que habían huido, llamadas cimarrones en algunos lugares. En muchos de estos territorios sobreviven hasta hoy comunidades quilombolas y palenqueras que, a lo largo de décadas y siglos, han reafirmado y transformado sus tradiciones en intrínseca relación con el medio y con la herencia cultural ancestral del pueblo negro y afrodescendiente.
Debido a las especificidades que caracterizan a las comunidades afrorrurales (IPEA, 2013) y, por consiguiente, a las mujeres pertenecientes a estas, es necesario detener la mirada sobre esta particularidad. Visibilizar el rol de las mujeres afrodescendientes al interior de estas comunidades es relevante en la medida en que los lazos de solidaridad tienen a las mujeres como protagonistas, lo que representa un hito para la formación de identidad y del territorio (IPEA, 2013).
El territorio, a propósito, es la categoría clave que permite a estas poblaciones y comunidades pensar su organización social, política, económica y cultural, dado que es una categoría espesa que presupone un espacio geográfico que es apropiado y este proceso de apropiación —territorialización— enseña identidades —territorialidades— que están inscritas en los procesos siendo, por tanto, dinámicas y mutables, materializando en cada momento un determinado orden, una determinada configuración territorial (Porto-Gonçalves, 2009).
El reconocimiento de sus territorios y de su derecho de permanecer en estos es una problemática compartida entre las comunidades en el Brasil, Colombia, el Ecuador, Panamá, Honduras, Nicaragua y otros países latinoamericanos y caribeños, donde la relación conocimiento- identidad-territorio sigue siendo central para sus vidas y procesos organizativos (Walsh, 2004).
Para estas comunidades, el desplazamiento de sus territorios significa perder identidad étnica, cultural y territorial, ligada a su familia extensa y a su comunidad, a su río, fincas, montes y animales, así como a sus fiestas, ceremonias de espiritualidad y formas de relacionamiento propios (Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género, 2015). La desterritorialización presupone en sí misma un quiebre en la configuración de las territorialidades construidas a lo largo del proceso histórico por estos grupos que les despoja de una materialidad sobre la cual se sostienen sus vidas y sus identidades.
Por eso mismo, es preocupante el escenario actual de multiplicación de las amenazas a los derechos de las comunidades afrodescendientes, lo que se relaciona fundamentalmente con el avance de proyectos de “desarrollo” sobre sus territorios.
El caso, por ejemplo, de los sucesivos desalojos que vienen sufriendo las comunidades garífunas en Honduras es apenas una muestra de esta realidad. Los garífunas hondureños, además de padecer de la marginación, han venido enfrentando amenazas a sus territorios de la costa del Caribe, producto de las inversiones extranjeras en emprendimientos turísticos en la zona. Una de las consecuencias de este proceso de despojo territorial ha sido la migración de los garífunas que vivían en sus comunidades, principalmente de los jóvenes, hacia otros países (Jiménez, 2015), lo que atenta contra su derecho de permanecer en el territorio y desarrollar allí sus modos propios de vida.
Habría que hacer un esfuerzo de investigación en el sentido de pensar el rol de las mujeres afrodescendientes en la lucha por la defensa de sus comunidades y territorios, ya que es innegable su participación y liderazgo en espacios cotidianos de lucha por la subsistencia de sus comunidades y la conservación de su cultura (Lamus Canavate, 2012). Es sabido, por ejemplo, que el rol de las mujeres negras afrocolombianas palenqueras y raizales ha sido fundamental en los procesos sociales y políticos que llevaron al reconocimiento de los derechos étnicos territoriales de las comunidades que hoy se encuentran vulnerados, así como en el marco de todas las iniciativas que se han gestado para avanzar en la concreción de estos derechos dentro de las políticas públicas del Estado ( Comisión de Estudio Plan Nacional de Desarrollo Comunidades Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras 2010-2014 (2010)).
Parte del protagonismo de las mujeres afrodescendientes en la defensa de los territorios tradicionales se evidencia en la Plataforma Política de Lideresas Afrodescendientes ante el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. En este documento, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora demanda que los Estados y Gobiernos reconsideren las leyes que frenan y desestabilizan el autodesarrollo de las comunidades afrodescendientes y que se superponen al ejercicio de sus derechos ancestrales, además de que involucren a la población afrodescendiente en la decisión de inversiones de gran impacto en sus comunidades, en el marco del cumplimiento de los mandatos de los convenios nacionales e internacionales sobre los derechos de las comunidades afrodescendientes (RMAAD, 2015).
El Encuentro Latinoamericano Tierra, Territorio y Derechos de las Mujeres Afrodescendientes, instancia que reunió lideresas de distintos países latinoamericanos y caribeños, es otro ejemplo. En esta ocasión, las participantes instaron a los Estados a que garanticen los derechos colectivos y territoriales de las mujeres afrodescendientes, para que continúen aportando desde los espacios de incidencia, sean estos políticos, económicos o académicos, para su máximo buen vivir e inclusión social, política y económica, y a que adopten medidas de reconocimiento normativo y político que garanticen los derechos territoriales y colectivos de las comunidades y pueblos afrodescendientes de la región, que promuevan la participación efectiva de las mujeres de estas poblaciones (Encuentro Latinoamericano Tierra, Territorio y Derechos de las Mujeres Afrodescendientes, “Recomendaciones”, 2016).
Hacer referencia al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo es relevante, dado que ha sido firmado y ratificado por una serie de países de la región24. Este instrumento internacional garantiza en su artículo 14 el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, incluidas las comunidades afrorrurales, a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan. Asimismo, en su artículo 6, el Convenio 169 dispone de la necesidad de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (OIT, 1989).
La garantía de los derechos territoriales de las comunidades afrodescendientes no es solamente una cuestión de justicia, sino que la base para el desarrollo y fortalecimiento de las economías propias y para el manejo sostenible y la preservación de la biodiversidad en las zonas donde vive esta población (AECID, 2016).
Así, el derecho al territorio, al apoyar el desarrollo productivo local y las garantías de seguridad alimentaria, fortalece la autonomía económica de las mujeres de las comunidades afrodescendientes, al tiempo que contribuye al desarrollo sostenible, garantizándose, en consecuencia, la preservación de las comunidades, de su identidad y sus medios de vida y permitiendo a la vez una gestión sostenible de los recursos y la posibilidad de un goce amplio de sus derechos.